Activismo de la Corte Constitucional colombiana Argumentos que lo justifican
La desidia e ineficacia de los órganos legislativo y ejecutivo en Colombia, tanto del legislador ordinario en su calidad de titular de dicha función, como del Jefe del Ejecutivo en su condición de legislador excepcional, para adoptar y expedir políticas públicas, especialmente en materia económica,...
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Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
2014
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Online Access: | https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5549082 |
Source: | Nuevo derecho, ISSN 2011-4540, Vol. 10, Nº. 14, 2014 (Ejemplar dedicado a: Enero-Junio), pags. 9-20 |
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dialnet-ar-18-ART0000988831
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dialnet-ar-18-ART00009888312016-07-31Activismo de la Corte Constitucional colombiana Argumentos que lo justificanBetancur Hincapié, Guillermo Leóneconomíapolíticas públicasCorte Constitucionalactivismo judicialseparación de podereslegitimidadLa desidia e ineficacia de los órganos legislativo y ejecutivo en Colombia, tanto del legislador ordinario en su calidad de titular de dicha función, como del Jefe del Ejecutivo en su condición de legislador excepcional, para adoptar y expedir políticas públicas, especialmente en materia económica, y sobre todo de cara al deber constitucional que, como autoridades públicas les asiste frente a la protección de todas las personas, y en aras de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, han propiciado el desborde de la actividad jurisdiccional de la Corte Constitucional mediante la injerencia, quizá justificada de hecho por la desidia legislativa, pero a su vez, indebida e ilegítima, en la órbita de competencias de las otras Ramas del Poder Público. Tal situación comporta un desentendimiento de la teoría tradicional de la separación de poderes y el subsecuente problema de legitimidad que se suscita ante la arrogación de facultades que de suyo no le son propias a la Corte Constitucional. 2014text (article)application/pdfhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5549082(Revista) ISSN 2500-672X(Revista) ISSN 2011-4540Nuevo derecho, ISSN 2011-4540, Vol. 10, Nº. 14, 2014 (Ejemplar dedicado a: Enero-Junio), pags. 9-20spaLICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI
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La desidia e ineficacia de los órganos legislativo y ejecutivo en Colombia, tanto del legislador ordinario en su calidad de titular de dicha función, como del Jefe del Ejecutivo en su condición de legislador excepcional, para adoptar y expedir políticas públicas, especialmente en materia económica, y sobre todo de cara al deber constitucional que, como autoridades públicas les asiste frente a la protección de todas las personas, y en aras de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, han propiciado el desborde de la actividad jurisdiccional de la Corte Constitucional mediante la injerencia, quizá justificada de hecho por la desidia legislativa, pero a su vez, indebida e ilegítima, en la órbita de competencias de las otras Ramas del Poder Público. Tal situación comporta un desentendimiento de la teoría tradicional de la separación de poderes y el subsecuente problema de legitimidad que se suscita ante la arrogación de facultades que de suyo no le son propias a la Corte Constitucional.
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