La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones Públicas
La ampliación del ámbito subjetivo de las normas preventivas establecida por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha incluido dentro de sus previsiones a los empleados y funcionarios públicos. No obstante, dicha inclusión no es plena ni equiparable en todos los órdenes a la situación de los tra...
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Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales
2003
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Online Access: | http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=802056 |
Source: | Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, ISSN 0213-0750, Nº 72, 2003, pags. 13-33 |
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dialnet-ar-18-ART0000677899
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dialnet-ar-18-ART00006778992016-04-13La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones PúblicasGonzález Ortega, SantiagoLa ampliación del ámbito subjetivo de las normas preventivas establecida por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha incluido dentro de sus previsiones a los empleados y funcionarios públicos. No obstante, dicha inclusión no es plena ni equiparable en todos los órdenes a la situación de los trabajadores asalariados ordinarios. Para concretar esas diferencias, ya establecidas en parte en la misma Ley de Prevención, ha tenido lugar un desarrollo reglamentario, referido tanto a la Administración Pública en general como a algunas específicas, la militar por ejemplo. Dicho desarrollo introduce particularidades de tratamiento en las diversas dimensiones de la salud laboral como, por ejemplo, los modos de organización interna de la prevención, la representación de los trabajadores, o los procedimientos de corrección de los incumplimientos por parte de las Administraciones Públicas. Con el trasfondo del reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas, normas recientes han abordado esta última cuestión que también se considera en el presente trabajo.Consejo Andaluz de Relaciones Laborales2003text (article)application/pdfhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=802056(Revista) ISSN 0213-0750Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, ISSN 0213-0750, Nº 72, 2003, pags. 13-33spaLICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: http://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: http://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI
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La ampliación del ámbito subjetivo de las normas preventivas establecida por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha incluido dentro de sus previsiones a los empleados y funcionarios públicos. No obstante, dicha inclusión no es plena ni equiparable en todos los órdenes a la situación de los trabajadores asalariados ordinarios. Para concretar esas diferencias, ya establecidas en parte en la misma Ley de Prevención, ha tenido lugar un desarrollo reglamentario, referido tanto a la Administración Pública en general como a algunas específicas, la militar por ejemplo. Dicho desarrollo introduce particularidades de tratamiento en las diversas dimensiones de la salud laboral como, por ejemplo, los modos de organización interna de la prevención, la representación de los trabajadores, o los procedimientos de corrección de los incumplimientos por parte de las Administraciones Públicas. Con el trasfondo del reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas, normas recientes han abordado esta última cuestión que también se considera en el presente trabajo.
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