La difícil interpretación de la Ley 2/2009 por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios tras la entrada en vigor de la Orden EHA/2899/2011 de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios

La Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, con la finalidad de trasladar a su ámbito de aplicación una regulación lo más semejan...

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Main Author: Ordás Alonso, Marta
Format: Article
Language:Spanish
Published: Centro de Estudios de Consumo. Universidad de Castilla-La Mancha 2013
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Online Access:http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=4185413
Source:Revista CESCO de Derecho de Consumo, ISSN 2254-2582, Nº. 5, 2013, pags. 44-55
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dialnet-ar-18-ART0000543778
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dialnet-ar-18-ART00005437782016-04-13La difícil interpretación de la Ley 2/2009 por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios tras la entrada en vigor de la Orden EHA/2899/2011 de transparencia y protección del cliente de servicios bancariosOrdás Alonso, MartaLey 22009Créditos hipotecariosPréstamos hipotecariosConsumidoresTransparencia bancariaProtección del cliente bancarioLa Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, con la finalidad de trasladar a su ámbito de aplicación una regulación lo más semejante posible a la existente hasta el momento de su entrada en vigor cuando de entidades de crédito se trata, basa numerosos preceptos de su articulado en una remisión a la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 5 de mayo de 1994, de transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios. Cuando dicha Orden es derogada y sustituida por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 28 de octubre de 2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios surgen importantes problemas de interpretación de la Ley 2/2009 a cuyo análisis se dedica este trabajo.Centro de Estudios de Consumo. Universidad de Castilla-La Mancha2013text (article)application/pdfhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=4185413(Revista) ISSN 2254-2582Revista CESCO de Derecho de Consumo, ISSN 2254-2582, Nº. 5, 2013, pags. 44-55spaLICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: http://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: http://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI
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Ordás Alonso, Marta
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La Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, con la finalidad de trasladar a su ámbito de aplicación una regulación lo más semejante posible a la existente hasta el momento de su entrada en vigor cuando de entidades de crédito se trata, basa numerosos preceptos de su articulado en una remisión a la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 5 de mayo de 1994, de transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios. Cuando dicha Orden es derogada y sustituida por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 28 de octubre de 2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios surgen importantes problemas de interpretación de la Ley 2/2009 a cuyo análisis se dedica este trabajo.
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