Andalucía y sus relaciones con la Unión Europea: (aspectos jurídico-políticos)

Cuando en 1986 España ingresa en las Comunidades Europeas, al igual que en el resto de los Estados miembros, se establecen, en el marco de los Tratados constitutivos, una serie de transferencias de competencias soberanas a las Instituciones comunitarias. Por otra parte, España al ser un Estado auton... Deskribapen osoa

Egile nagusia: Faramiñán Gilbert, Juan Manuel de
Formatua: Artikulua
Hizkuntza: Gaztelania
Argitaratua: Universidad de Huelva 2002
Gaiak:
Sarrera elektronikoa: http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=268333
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Laburpena: Cuando en 1986 España ingresa en las Comunidades Europeas, al igual que en el resto de los Estados miembros, se establecen, en el marco de los Tratados constitutivos, una serie de transferencias de competencias soberanas a las Instituciones comunitarias. Por otra parte, España al ser un Estado autonómico, dentro del mosaico que lo constituye transfiere, también, competencias a las Entidades autónomas reguladas por sus correspondientes Estatutos. Ambas transferencias, ad extra y ad intra, se encuentran jurídica y políticamente respaldas por la Constitución Española. Dentro de este contexto, la Unión Europea promueve una serie de políticas comunitarias que tienen como finalidad el desarrollo de las regiones europeas, a través de acciones estructurales y de ayudas económicas. A la Comunidad Autónoma de Andalucía le ha correspondido gozar de importantes beneficios en el marco de estas políticas, por lo que en reiteradas ocasiones ha manifestado su interés, como Comunidad autónoma, de hacer oír su voz en las Instituciones Europeas cuando en éstas se diriman cuestiones que estén dentro del catálogo de las competencias exclusivas atribuidas a la Administración andaluza. Además, a partir de una importante sentencia del Tribunal Constitucional, se ha admitido la posibilidad de que las Comunidades autónomas puedan abrir una Oficina de representación en Bruselas, por lo que la Junta de Andalucía promulga un Decreto, en 1995, con el que formaliza la apertura de una Delegación en la capital comunitaria con la idea de defender los intereses de Andalucía ante las Instituciones de la Unión Europea.